Red compartida: infraestructura y cobertura

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Con la publicación de las prebases de la licitación de la red compartida mayorista se van definiendo los factores estratégicos de este proyecto. Entre ellos destacan la infraestructura disponible, los requisitos de cobertura y las restricciones a empresas para participar en el concurso.

Del documento se desprende información sobre el “piso” de cobertura que solicita el gobierno, así como la infraestructura y las licencias que aportará al proyecto. Los interesados tienen el reto de recibir primero una opinión favorable para participar en la licitación y después proponer una oferta de cobertura adicional a la mínima requerida que sea mejor a la de sus competidores. Se prevé que el ganador requerirá planear la red mayorista de modo que pueda aprovechar la infraestructura de telecomunicaciones existente y generar ingresos que permitan, junto con el acceso a financiamiento, invertir en desplegar y mantener el proyecto.

El documento disponible en el sitio de la SCT indica que la red deberá iniciar operaciones a más tardar el 31 de marzo del 2018 y que la cobertura será el criterio que definiría al ganador del contrato que tendrá una vigencia de 20 años prorrogable. En caso de un “empate” en la cobertura planteada, el gobierno definirá al ganador con base en el “guante” o “enganche” monetario ofrecido por cada participante.

En este análisis se abordan los componentes de infraestructura del proyecto, así como el rol de la cobertura en la licitación. En una próxima entrega se abordará la restricción a la influencia de los prestadores de servicios de telecomunicaciones ordenado en el artículo décimo sexto transitorio del decreto de la reforma constitucional de telecomunicaciones), un elemento que condiciona la participación de los grupos económicos. Las prebases mantienen esta condición, pero también abren la puerta a la conformación de consorcios integrados por empresas nacionales o extranjeras para participar en la convocatoria.

Infraestructura para la red mayorista

 La red compartida aprovechará la banda de 700 MHz –el primer dividendo digital- ydos hilos de fibra óptica de la red troncal que comprenden aproximadamente 30 mil kilómetros. La licitación no adjudica estos elementos directamente, sino unaAsociación Público Privada (APP) que los use para habilitar la red. Más que un “socio”, la licitación determina un “desarrollador” del proyecto y el gobierno mexicano mantendrá legalmente la titularidad de las concesiones del espectro y la fibra. La garantía de seriedad solicitada para los participantes es de mil 250 millones de pesos mexicano.

Específicamente el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (OPRITEL) y Telecomunicaciones de México (Telecomm) celebrarán el contrato con el ganador de la APP. OPRITEL, el organismo que será constituido como el convocante, aportará la concesión de espectro y Telecomm los hilos de fibra óptica, mientras que el desarrollador arrendará estos elementos y deberá cumplir con lo establecido en el contrato de la APP, el título de concesión del espectro, su concesión como mayorista, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y las condiciones que en su caso establezca el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Por el uso y explotación de la banda de 700 MHz, el desarrollador pagará anualmente al OPRITEL los montos que el Congreso de la Unión determina en la Ley Federal de Derechos. Por lo tanto, aunque las bases permitan estimar un pago anual por derechos con base en tasas actuales, estas cantidades pueden cambiar durante la vida del proyecto.

En cuanto a los recursos para inversión en la red, el gobierno federal no contempla destinar parte del gasto público, por lo que los ajustes presupuestales no deberían afectar al proyecto. Mientras no se cumplan los requisitos mínimos de cobertura, el modelo financiero para desplegar la red no podrá tener un apalancamiento de deuda superior al 70 por ciento del total.

Los recursos obtenidos por comercializar servicios como mayorista deberán solventar las inversiones necesarias y generar utilidades, de las cuales el 5 por ciento se compartirá con el gobierno. Como consecuencia, el ganador de la APP asume costos de desplegar, operar y mantener la red obteniendo ingresos de la provisión del servicio mayorista de telecomunicaciones y  con algunas restricciones puntualizadas en las bases relacionadas al cumplimiento de condiciones en el contrato y fenómenos de concentración y propiedad cruzada.

La revisión de la estructura del proyecto permiten ver que el ganador de la licitación asumirá el riesgo del despliegue de la red. Debido a que en sus primeros años la red precisará de inversiones que permitan cumplir los indicadores de cobertura, desde el punto de vista financiero serán relevantes el acceso al crédito y la disponibilidad de recursos propios. Desde una perspectiva estratégica, será importante que el consorcio ganador conozca el mercado y el estado de las inversiones en el país. La red compartida mayorista tendrá en sus primeros cinco años la presión de invertir para alcanzar la cobertura contratada y encontrar esquemas que la hagan rentable en este periodo y sentar las bases para su viabilidad en el largo plazo. 

Cobertura: objetivos y requisitos

 La cobertura será un criterio clave en la licitación. Las prebases señalan requisitos mínimos de cobertura por año determinados por el gobierno y los postores deberán proponer una cobertura adicional. La suma de estos elementos determina la cobertura final de la propuesta.

Uno de los objetivos de la red mayorista es brindar acceso a la población incluso en zonas poco rentables para los operadores comerciales. Para esto se contempla un cronograma de 5 años para cumplir con la cobertura ofrecida por el proyecto del ganador de la APP. Este progreso debe incluir poblaciones “mayores” y “menores”, determinadas por tener más o menos de 10 mil habitantes, respectivamente y con cifras determinadas por el INEGI.

Los criterios mínimos de cobertura piden alcanzar en el primer año un 25 de la población y para el año 5 (2023) un 85 por ciento de ella. Las prebases piden que por cada punto porcentual de cobertura agregada se contabilicen 0.29 puntos de cobertura correspondiente a localidades menores. Para la red esto se traduce en inclusión de zonas que no serían igual de atractivas que lugares más poblados y en tomar en cuenta la distribución poblacional para cumplir con la cobertura ofrecida.

Para cumplir con los objetivos de cobertura, el desarrollador de la APP puede recurrir a la la compartición de infraestructura que le permita reducir costos y agilizar el despliegue de la red. Podrá acordar, por ejemplo, arrendar o compartir sitios de telecomunicaciones que ya han instalado operadores existentes, siempre y cuando se respete el criterio constitucional de restringir la influencia de prestadores de servicios de telecomunicaciones en la operación de la red.

Además de garantizar la cobertura, la APP requiere un plan para modernizar e incrementar la capacidad de la red progresivamente. Un parámetro que establecen las prebases es que en los bordes de las áreas cubiertas se registren velocidades de transferencia de datos de 1 Mbps en el uplink por 4 Mbps en el downlink.

Para el cumplimiento de todas estas condiciones, el desarrollador de la red compartida podría subcontratar a otras empresas manteniéndose como responsable ante el OPRITEL. Este acuerdo deberá respetar la restricción constitucional a la influencia por prestadores de servicios de telecomunicaciones.

Si bien se pide que la red compartida mayorista brinde conectividad 4G LTE, las bases contemplan el “salto” hacia la siguiente generación móvil, la 5G. El despliegue de esta tecnología podrá ocurrir luego de que se tenga un despliegue comercial en México con al menos 50 por ciento de cobertura. Concretamente, a partir de que exista una oferta así en el país, la red mayorista tendría hasta 3 años para hacer su propio despliegue de 5G en localidades de más de 10 mil habitantes y hasta 5 en las que registren una población menor.

En suma, las prebases dan a conocer el “piso” de cobertura solicitado por el gobierno y la variable de interés para la licitación: la cobertura complementaria. Los operadores deberán estructurar ofertas de cobertura que pueden variar en cuanto a los años elegidos para hacer el grueso del despliegue, pero que pueden asemejarse o converger en el “techo” de la cobertura total ofrecida. Ante ofertas similares de cobertura, el guante podría ser al final de la ruta el elemento decisivo, lo que brindaría un elemento extra para conocer la valoración del proyecto por los interesados de la iniciativa privada.

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