Opinión | ‘Plan de paz’, comunicaciones y vigilancia

Comparte el artículo

Con el planteamiento de la nueva Guardia Nacional como una institución que funja como “auxiliar” del Ministerio Público (MP), es preciso que se mantengan las protecciones a las comunicaciones privadas que pueden ser objeto de técnicas de investigación y vigilancia por medios electrónicos que ya utilizaban las procuradurías (estatales y federal).

Nota: la columna fue publicada por el autor originalmente en Consumo TIC

La intervención o “escucha” de las comunicaciones es quizás la medida más intuitiva y tiene criterios muy específicos. El artículo 16 constitucional aborda esta técnica y define algunos de sus límites: instituciones como el CISEN, el MP y la Policía Federal pueden utilizarla, pero respaldados por una orden judicial. En México se consideran otras técnicas, como la “geolocalización” de dispositivos en tiempo real y la solicitud de acceso a “datos conservados” de las comunicaciones.

La iniciativa de Morena (https://goo.gl/iyuqC3) para crear la Guardia Nacional mantiene al MP federal al mando de la investigación de delitos, pero reconoce que el personal que integrará esta nueva corporación (miembros de las policías militar, naval y federal) debe ser capacitado para desempeñar nuevas tareas con apego a derecho.

De acuerdo con el “Plan nacional de paz y seguridad 2018-2024” (https://goo.gl/VGu75G), la Guardia Nacional tendrá funciones preventivas y de investigación. Por esta razón no debe descartarse que la Guardia luego pueda realizar solicitudes para intervenir o localizar líneas o acceder a datos conservados por empresas de telecomunicaciones.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) que entró en vigor en 2014 establece en su título octavo las obligaciones de colaboración con la justicia aplicables a las empresas de telecomunicaciones. A grandes rasgos, los operadores deben atender solicitudes de las autoridades cuando soliciten (y justifiquen) medidas como la intervención de comunicaciones, localización en tiempo real de dispositivos (geolocalización) y acceso a “datos conservados” de las comunicaciones de los usuarios.

Esas obligaciones son el fundamento de los lineamientos de colaboración en materia de seguridad y justicia (https://goo.gl/6uYF6Y que fueron sometidos a consulta pública y aprobados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) desde finales de 2015. Este documento se actualiza conforme se requiere y entre los ejemplos de información considerada bajo la categoría de “datos conservados”, están los números de origen y destino, duración y fecha de las comunicaciones, tipo de comunicación y los identificadores de las celdas de redes móviles.

Esta última categoría (datos conservados) ha sido de particular interés para las instituciones de seguridad pública. Las estadísticas sobre obligaciones de colaboración con la justicia publicadas por el IFT indican que en el segundo semestre de 2017 los concesionarios de redes de telecomunicaciones recibieron en conjunto 10 mil 384 pedidos de acceso a “datos conservados”.

De ellos, entre 34 y 43 por ciento de las solicitudes fue realizada por instituciones del gobierno federal (estimación preliminar y sin contar las del Poder Judicial).

Comparte el artículo