Ley Fintech y la brecha digital-financiera

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C on la entrada en vigor de la Ley para Regular a las Instituciones de Tecnología Financiera (“Ley Fintech”), México se convirtió en el primer país latinoamericano en generar un marco regulatorio para esta nueva industria de servicios, aunque otros países en la región han avanzado por su cuenta en medidas de inclusión tecnológica-financiera estableciendo marcos de operación para dinero o banca móvil.

En el contexto mexicano, esta nueva ley es un primer paso para establecer reglas en el desarrollo de este entorno de servicios (Fintech) en un contexto en el que las brechas digitales y de servicios financieros siguen siendo palpables.

En cuanto al acceso a servicios financieros, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de 2015 calculaba que en México solo 52 millones de habitantes utilizaban algún producto financiero (menos del 50 por ciento).

Los datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) al tercer trimestre de 2017 indican que la penetración de tarjetas de crédito no pasaba de los 30 contratos por cada 100 habitantes, mientras que en débito la relación era de 97 por cada 100.

NOTA: COLUMNA PUBLICADA POR EL AUTOR ORIGINALMENTE EN CONSUMO TIC

En el ámbito digital, al tercer trimestre de 2017 (3T17) se estimaba que había en México 58 usuarios de Internet por cada 100 habitantes (población general) y entre la población adulta esto varía por grupo de edad de acuerdo a la última Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH): más del 70 por ciento en el rango 6-34 años de edad y por debajo del 55 por ciento de 35 años en adelante.

En cuanto a servicios móviles, la penetración excede las 90 suscripciones por cada 100 habitantes, pero esta proporción todavía es baja en Latinoamérica en donde el promedio regional ya está sobre el 100 por ciento, de acuerdo a organizaciones como 5G Americas.

Entre los objetivos de estimular la industria de las Fintech o Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) están precisamente la inclusión financiera de la población, así como aprovechar las tecnologías de la comunicación y la información (TIC) para mejorar la oferta de servicios relacionados (pero no limitados) al crédito o los pagos electrónicos.


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